Rodea el Congreso, en 2012.
https://es.wikipedia.org/wiki/Rodea_el_Congreso
La convocatoria estaba autorizada y el objetivo político de la protesta no fue considerado delito por el juez Santiago Pedraz. Sin embargo, durante aquella jornada hubo un fuerte dispositivo policial, identificaciones y detenciones, y la Policía llegó a investigar a los promotores por un posible delito contra las instituciones del Estado. Pedraz terminó archivando esa parte de la causa y señaló que no se había alterado el funcionamiento del Congreso.
Esto es importante porque muestra dónde puede estar la trampa: no es jurídicamente indiferente dónde protestas, contra qué institución diriges una acción y qué haces allí. Una protesta en una plaza no plantea necesariamente el mismo escenario que una acción dirigida contra el Congreso, un juzgado, una embajada u otra institución.
Y el problema no termina necesariamente con la detención. El procedimiento abierto contra personas relacionadas con los disturbios de aquel 25-S terminó llegando a juicio casi trece años después: en 2025 hubo condenas y absoluciones, mientras que otras personas habían llegado previamente a acuerdos con Fiscalía.
Por eso merece la pena conocer este precedente. No para generar paranoia ni para decir que cualquier protesta vaya a acabar así, sino para entender que determinadas acciones pueden cambiar radicalmente el nivel de vigilancia policial y de riesgo judicial al que se expone una movilización y las personas que participan en ella.
La cuestión no es tener miedo a protestar. Es saber distinguir entre una acción que amplía la capacidad de movilización y una acción que puede convertirse en una trampa jurídica.
No queremos acabar en la cárcel, ni con multas imposibles de pagar, ni pasando años pendientes de un procedimiento.
Nos queremos en la calle.